El informe de la Subdirección General de Patrimonio del Ministerio de Defensa de noviembre de 2001 para la tramitación de los permisos a Repsol en aguas canarias concluía que no existían instalaciones de interés para la defensa nacional que se encontraran afectadas por los permisos de investigación de Repsol. También apuntaba que “al no existir un acuerdo bilateral con Marruecos que delimite las Zonas Económicas Exclusivas de ambos países, pudiera surgir algún tipo de litigio por la pretensión marroquí de fijar la línea de equidistancia no desde la costa de África sino desde su talud continental, por lo que estaría más próxima a las costas de Lanzarote y Fuerteventura y cruzaría algún vértice de las zonas de prospección”. Para la elaboración del Real Decreto que aprobó las prospecciones se recabaron otros informes, del Ministerio de Economía como de Pesca, de Asuntos Exteriores y de Defensa. El ministro de Industria, José Manuel Soria, pretendía subsanar los errores de ese expediente para otorgar de nuevo los permisos en lugar de tramitar unos nuevos. El Ministerio de Economía que en la zona “podrían surgir diferencias notables de interpretación entre los dos países debido a dos aspectos”: que no existe una línea de equidistancia aceptada oficialmente por ambos países (España y Marruecos) y por la dificultad para llegar a fórmulas de consenso para aplicar el criterio vigente en la actual normativa internacional. La superficie de los permisos otorgados en su día por Marruecos en una zona cercana “respetan la misma línea de equidistancia a la que se ajustan los permisos solicitados” por Repsol a España y que “el inicio de la tramitación de los permisos en el Archipiélago canario ha motivado una nota verbal de fecha 21 de abril del Gobierno de Marruecos solicitando el inicio de conversaciones para delimitar las áreas de las respectivas aguas jurisdiccionales”.
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